Una de las formas menos conocidas de la violencia ejercida por los sublevados en el golpe militar de julio de 1936 es el de la apropiación de bienes de personas catalogadas como enemigas. El censo que presenta el Instituto Navarro de la Memoria, fruto de la investigación realizada en la última década por el historiador César Layana, supone una importante aportación al conocimiento de esta modalidad represiva, ya que se han identificado y precisado las sanciones sufridas por las 1.086 personas que pasaron por la Comisión de Incautación de Bienes de Navarra y por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Navarra. El censo recoge los datos personales que han podido ser recopilados de los expedientes y la bibliografía y todos los hitos relevantes del paso de estas personas por la represión económica legalizada. Asimismo, hasta donde las fuentes lo permiten, se han intentado establecer las cantidades que abonaron las personas condenadas en la jurisdicción.

Este censo pretende ser un instrumento al servicio tanto de quiénes investigan en torno a la represión y la violencia desplegada por los sublevados en 1936 como, especialmente, para las familias de las personas que fueron expedientadas y en muchos casos condenadas por las diferentes jurisdicciones de la represión económica. 

 

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