Las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y memoria. Tanto la sociedad como las instituciones tenemos el deber de visibilizar y dignificar el sufrimiento padecido, prestarles apoyo humano y material, y la obligación de hacer una revisión crítica del pasado. El futuro no debe ser construido sobre el olvido, sino desde la conciencia clara de que nunca debieron ocurrir dichas vulneraciones, y desde el impulso de una nueva cultura de convivencia que ofrezca garantías de no repetición.